El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atenderá las demandas de los representantes de COAG
La advertencia de los agricultores y los ganaderos españoles de un «otoño caliente», con reivindicaciones y protestas contra la pasividad del Ejecutivo ante las decisiones orquestadas desde la Unión Europea (UE), se aproxima a término.
Los factores que amenazan las actividades agrícolas se agolpan en esta segunda mitad del año, en la que se han conocido asuntos centrales como la propuesta de la Comisión Europea para la PAC (Política Agraria Común) para el período 2028-2034, en la que se recorta un 22 % el presupuesto; y la modificación del acuerdo comercial con Marruecos, mediante la cual se incluirían los cultivos del Sáhara Occidental.
La asfixia burocrática aparece como uno de los principales motivos de queja de aquellos que convierten la labor de las tierras y la explotación del ganado en su forma de vida. El incremento de los costes de producción lastra la actividad agrícola, aunque los profesionales insisten en la impotencia que enfrentan en forma de trabas normativas que debilitan la rentabilidad de sus explotaciones y que pasan desapercibidas para competidores de terceros países que operan en el mismo mercado.
El cúmulo de circunstancias cierra la puerta del campo al eslabón más débil de la cadena productiva, que traslada serias dificultades para dar continuidad a las explotaciones familiares y hacer realidad el relevo generacional. Esta sangría se hace palpable en la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que en diez años, de 2013 a 2023, España ha perdido 180.861 negocios agrarios.
El cese de la actividad de cientos de miles de empresas agroalimentarias choca con el dato de la pérdida de la superficie agrícola utilizada, que solo ha bajado un 1,6 % en el período mencionado, lo que evidencia que el campo se reparte cada vez en menos manos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, consciente de las posibles revueltas que puede plantear el sector agrario, ha optado por la vía diplomática y mantendrá este viernes 10 de octubre una reunión con la Comisión Ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).
La organización profesional agraria ha trasladado su interés en una Ley de Agricultura Familiar que priorice la figura del agricultor profesional e independiente «y sirva para limitar el acaparamiento de tierras y derechos de agua de los fondos buitres que están aterrizando de forma masiva en el campo español».
COAG denuncia que lo que ha bautizado como «La ‘uberización’ del campo», un proceso que desplaza a los verdaderos agricultores y ganaderos y lastrando la incorporación de jóvenes al sector y abre el camino para los fondos de inversión.
Las grandes explotaciones, aquellas que superan las 100 hectáreas, han aumentado casi un 9 % desde 2009 y, pese a representar únicamente el 6,09 % del total, controlan el 58 % de la superficie agraria útil. Según datos del Ministerio de Agricultura, un 6,6 % de sociedades jurídicas acaparan el 42 % del valor de la producción que se genera en el campo español. Las perspectivas favorables de los precios de la tierra y de sus productos –así como el interés por diversificar su inversión–, los motivos principales de este aterrizaje de los fondos de capital riesgo en el entorno rural.
«La futura ley es una gran oportunidad para que se apueste con hechos concretos por el modelo social y profesional de agricultura, verdadero garante de nuestra soberanía alimentaria y desarrollo económico, social y medioambiental del medio rural», indica Miguel Padilla, secretario general de COAG, en la jornada previa a la cumbre con el ministro, en la que la organización pondrá sobre la mesa otros asuntos como el comunicado de Competencia sobre la posible retirada obligatoria de aceite de oliva, la prórroga del cuaderno digital fitosanitario a 2027 o el pacto climático y la gestión del agua como recurso estratégico para el futuro agrario.
Fuente: El Debate
