Los productos fitosanitarios desaparecen del catálogo europeo a velocidad de vértigo mientras no existen alternativas de eficacia similar. En una primavera de humedad extraordinaria el sector no ha podido tratar con drones, un clamor que choca contra la lentitud de Bruselas
Las grandes movilizaciones celebradas el año pasado contra la política agraria y ambiental de la Unión Europea han obligado a revisar algunas de sus normas, con un goteo de anuncios como la mayor flexibilidad de la PAC o la reducción de la carga burocrática que recae sobre el agricultor.
Pero el sector va a tener que pelear mucho más si desea mover al gigante comunitario, aunque sea unos centímetros, en relación con la sanidad vegetal. La eliminación de materias activas autorizadas para hacer frente a plagas y enfermedades es una de las grandes amenazas que penden sobre la cabeza del productor, mientras la introducción de nuevos productos en el catálogo europeo no avanza o lo hace con una lentitud exasperante.
No se trata de un problema menor para nuestro país: España es la cuarta potencia agroalimentaria de Europa y la décima del mundo, gracias a la amplia gama y calidad de sus cultivos y productos.
La economía agraria en España es uno de los sectores más fuertes económicamente; en 2024 el Producto Interior Bruto agrario subió un 4,4% según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
En cuanto al número de ocupados, la media en el año anterior fue de 680.200 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La producción agroalimentaria se ha convertido en parte esencial de la cultura y tradiciones del país. Tanto es así que, en 2024, la industria agroalimentaria española generó 11,3% del empleo total de la economía española, con casi 2,4 millones de ocupados.
Este sector está experimentando una transformación hacia la digitalización y la sostenibilidad para hacer frente a nuevos retos como el cambio climático y todo lo relacionado con la prohibición de determinadas materias primas. Esa es la razón por la que la industria agroalimentaria española goza de gran prestigio internacional, ya que la producción agraria es muy extensa y diversa.
“Estamos sometidos a un reto diario; tenemos que ser competitivos y sostenibles, pero ya no solo con una sostenibilidad ambiental, sino también económica. Si una plaga o enfermedad entra en nuestro cultivo vamos a producir menos y, por lo tanto, vamos a ser menos rentables”, resume Ángel Bonel, agricultor de Vera del Moncayo, en Zaragoza.
España debe gestionar mayor número de amenazas
España es el país con mayor diversidad agrícola de la UE, lo que implica una gestión de la producción y un cuidado de la sanidad vegetal más complejos. “Al producir una cantidad mayor de cultivos, necesita gestionar al mismo tiempo una mayor variedad de enfermedades, plagas y malas hierbas, lo que requiere la existencia de soluciones adecuadas”, apuntan desde Aepla, la asociación que agrupa a los fabricantes de fitosanitarios.
Su director general, Carlos Palomar, señala que “un cultivo puede soportar diez patógenos diferentes, algunos con varios ciclos durante la misma campaña. Los comités de resistencia a herbicidas, insecticidas y fungicidas recomiendan disponer de al menos tres productos con diferentes modos de acción por problema para evitar que se generen resistencias”.
Es ahí donde se encuentra gran parte del problema, puesto que “las resistencias no aparecen por un exceso de tratamiento, sino por no disponer de una caja de herramientas variada y suficiente, que ha ido mermando en las últimas décadas”.
Al menos, la Comisión Europea decidió dar marcha atrás en su propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que incluía la pretensión de reducir los tratamientos en un 50% antes de 2030.
Ahora mismo se está a la espera de que la Comisión realice una nueva propuesta, que deberá ser negociada con los órganos legislativos comunitarios, el Consejo y el Parlamento, en un proceso que durará años.
Desde Aepla “siempre hemos considerado que la propuesta de Reglamento de Uso Sostenible establecía unos objetivos de reducción, basados en criterios cuantitativos, y una definición de zonas sensibles que habrían comprometido gravemente la producción agrícola en Europa y en España”.
“Afortunadamente los legisladores europeos han sido conscientes de la necesidad de no limitar la producción a nivel europeo comprometiendo su futuro y por eso el Parlamento Europeo votó en contra de la propuesta” que estaba sobre la mesa.
Palomar espera que la nueva Comisión Europea trabaje en una nueva propuesta elaborada con criterios “más racionales” y que favorezca la introducción de la tecnología y la innovación que tanto necesita la agricultura europea.
“Desde Aepla vamos a seguir enfocando nuestro trabajo en la provisión de soluciones integrales: además de los fitosanitarios convencionales, las biosoluciones, la biotecnología y la agricultura digital y de precisión porque solo de esta manera creemos que se podrá lograr la sostenibilidad en nuestra agricultura”, recalca.
Fuente: revista Campo
