La Junta de Castilla y León, junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), ha llevado a Bruselas un mensaje claro: rechazo rotundo a la propuesta de la PAC 2028-2034, que incluye un recorte del 22 % del presupuesto y la desaparición de la actual estructura de dos pilares. La delegación estuvo encabezada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien destacó que el campo castellanoleonés no puede permitirse un debilitamiento de la Política Agrícola Común, piedra angular de la renta agraria y de la vertebración territorial en Europa.
Esta acción conjunta se sustenta en la Declaración Institucional firmada en mayo de 2025, consensuada con ASAJA, UPA-COAG, UCCL y Urcacyl. En ella se definen prioridades clave: mantener el presupuesto, defender al agricultor profesional, reforzar el relevo generacional, apostar por infraestructuras hídricas y garantizar precios justos en la cadena alimentaria.
Contexto histórico de la PAC
La Política Agrícola Común (PAC) nació en 1962 como la primera gran política comunitaria. Su objetivo inicial fue garantizar la seguridad alimentaria tras la posguerra europea, estabilizar mercados y mejorar las rentas de agricultores y ganaderos.
Durante décadas, la PAC representó más del 60 % del presupuesto europeo. Con el tiempo, su peso se ha ido reduciendo:
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En los años 80 suponía el 70 % del presupuesto comunitario.
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En la PAC 2000-2006 se situó en torno al 45 %.
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En el actual marco 2021-2027 representa apenas el 31 % del total.
Este proceso de reducción progresiva ha sido criticado por organizaciones agrarias, que consideran que la agricultura, pese a ser estratégica, ha perdido protagonismo frente a otras políticas comunitarias. El recorte del 22 % planteado para 2028-2034 supone, en palabras de los representantes castellanos y leoneses, un “golpe inaceptable a la columna vertebral del sector primario”.
El impacto del recorte en España y Castilla y León
Según la propuesta de la Comisión Europea, España recibiría 37.230 millones de euros en el próximo marco financiero, lo que supone 10.500 millones menos que en el periodo actual. En términos prácticos, este descenso afectaría directamente a:
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Pagos directos: reducción de las ayudas a agricultores y ganaderos profesionales.
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Programas de desarrollo rural: menor inversión en modernización, digitalización, regadíos, innovación y relevo generacional.
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Seguros agrarios y gestión de riesgos: debilitamiento de un instrumento esencial ante sequías, plagas y volatilidad de mercados.
Para Castilla y León, donde la agricultura y la ganadería suponen más del 8 % del PIB regional y generan más de 70.000 empleos directos, el recorte significaría un impacto crítico. Sectores clave como el cereal, la ganadería de vacuno, el ovino o la remolacha quedarían especialmente expuestos.
La agenda en Bruselas: Comisión y Parlamento Europeo
La delegación de Castilla y León mantuvo una primera reunión con Diego Canga, director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea. Allí se advirtió que “la PAC no puede perder músculo financiero porque significa renunciar a la soberanía alimentaria europea”.
Posteriormente, en el Parlamento Europeo, se debatió el Informe de Perspectiva sobre la PAC pos-2027, aprobado por amplia mayoría. Este texto defiende:
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Un presupuesto independiente y reforzado.
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Mantenimiento de los dos pilares.
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Simplificación administrativa.
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Fomento del relevo generacional.
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Reciprocidad en el comercio internacional.
La consejera destacó la amplia coincidencia entre el informe y las prioridades de Castilla y León, lo que refuerza la estrategia de presión política de cara al Consejo Europeo.
Declaración Institucional: hoja de ruta del campo castellanoleonés
El documento consensuado en Castilla y León recoge medidas concretas que trascienden la mera defensa presupuestaria:
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Agricultura profesional como eje: reconocimiento de quienes viven únicamente de la actividad agraria.
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Dos pilares financieros: defensa del FEAGA (pagos directos) y el FEADER (desarrollo rural).
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Precios justos y contratos dignos: prohibir que se vendan productos por debajo de los costes de producción.
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Relevo generacional: medidas específicas para facilitar la entrada de jóvenes.
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Reciprocidad en importaciones: exigir que productos de terceros países cumplan las mismas normas fitosanitarias y medioambientales que los europeos.
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Fitosanitarios: no retirar sustancias sin alternativas viables.
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Gestión de riesgos: ampliar seguros y herramientas de estabilidad de ingresos.
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Infraestructuras hídricas: regadíos sostenibles y eficiencia en el uso del agua.
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Innovación y digitalización: incorporación de nuevas tecnologías para aumentar competitividad.
En resumen, la declaración configura un modelo de agricultura sostenible, competitiva y profesional.
Opiniones de las OPAs
ASAJA
Donaciano Dujo resaltó cuatro motivos de rechazo a la propuesta: el recorte del 22 %, la eliminación del segundo pilar, la falta de reconocimiento al agricultor profesional y la ausencia de medidas para reducir costes de producción.
ASAJA insistió en que los acuerdos internacionales como Mercosur o los aranceles con Estados Unidos muestran una debilidad negociadora de la UE, que deja a los productores europeos en clara desventaja.
UPA-COAG
Lorenzo Rivera fue aún más contundente: “El recorte real, sumando inflación, llega al 37 %. Castilla y León puede perder miles de millones y con ello el futuro de una agricultura profesional que ya trabaja al límite”.
Rivera recordó que en las últimas campañas de cereal los agricultores de la Comunidad han perdido cerca de 1.000 millones de euros por ventas a precios inferiores a los costes de producción. Además, denunció la competencia desleal de importaciones de productos tratados con hormonas en EE. UU. o en países del Mercosur.
UCCL
Jesús Manuel González Palacín señaló que la propuesta es una “trampa presupuestaria” al querer mezclar el desarrollo rural con otras políticas no agrarias. Defendió que este pilar debe tener un presupuesto exclusivo y reclamó que se publiquen costes de producción oficiales en cada Estado miembro. De esta forma, ningún contrato podría firmarse por debajo de dichos costes, garantizando precios dignos.
Comparativa con la PAC actual
En el marco 2021-2027, España dispone de unos 47.724 millones de euros de la PAC, de los cuales:
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33.000 millones corresponden al FEAGA (pagos directos).
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8.000 millones al FEADER (desarrollo rural).
El nuevo planteamiento reduciría ambos apartados y, al fusionarlos, diluiría la financiación destinada a políticas clave como regadíos, modernización de explotaciones o programas LEADER.
Para Castilla y León, la PAC actual supone alrededor de 1.000 millones de euros anuales, que sostienen directamente las rentas de más de 60.000 perceptores. Un recorte del 22 % podría suponer 220 millones menos cada año, con consecuencias directas en la viabilidad de explotaciones.
Riesgos del recorte de la PAC 2028-2034
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❌ Pérdida de 10.500 millones de euros para España.
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❌ Riesgo de desaparición del segundo pilar (desarrollo rural).
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❌ Reducción de ayudas directas a agricultores profesionales.
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❌ Menor inversión en regadíos, innovación y modernización.
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❌ Amenaza al relevo generacional en el campo.
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✅ Necesidad de un presupuesto fuerte e independiente.
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✅ Reivindicación unánime de Junta y OPAs.
Tabla comparativa
| Periodo | Presupuesto España | Estructura | Impacto en Castilla y León |
| 2021-2027 | 47.724 M€ | Dos pilares: FEAGA y FEADER | ~1.000 M€/año para 60.000 perceptores |
| 2028-2034 (propuesta) | 37.230 M€ | Fondo único | -220 M€/año, riesgo para explotaciones |
Fuente: AgronewsCyL
