Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León han dado un paso significativo hacia la mejora de los procedimientos de concentración parcelaria con criterios de sostenibilidad ambiental.
Hoy, 10 de junio de 2025, ambas consejerías celebraron una jornada formativa en el PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) con la participación de 120 técnicos pertenecientes a servicios centrales, territoriales y empresas colaboradoras. El objetivo fue dar a conocer una nueva instrucción conjunta, aprobada el 3 de abril, que regula la coordinación para respetar elementos naturales como las vías pecuarias y los montes de utilidad pública.
Hacia una concentración parcelaria compatible con la biodiversidad
La concentración parcelaria es un proceso complejo pero estratégico para el desarrollo del medio rural. Reorganiza la propiedad y el uso de tierras agrícolas para mejorar la competitividad, pero también puede generar conflictos si no se respetan los valores ecológicos y paisajísticos del entorno. Para resolver este desafío, la nueva instrucción establece un marco de colaboración permanente entre técnicos de Agricultura y Medio Ambiente, garantizando que las actuaciones no interfieran con los valores naturales, ecológicos y recreativos del entorno rural.
Entre los elementos especialmente sensibles figuran las más de 31.000 km de vías pecuarias que atraviesan Castilla y León y los más de 1,8 millones de hectáreas de montes de utilidad pública. Este patrimonio natural no solo tiene valor ambiental, sino que también es clave para la conectividad ecológica, el uso ganadero extensivo y el desarrollo turístico sostenible.
Planificación y gestión coordinada: un nuevo modelo de actuación
Con esta instrucción conjunta, se busca que los informes ambientales y los diseños de actuación se elaboren de forma coordinada desde el inicio del procedimiento. Se pretende evitar paralizaciones o conflictos posteriores, alinear las prioridades y reducir los tiempos de tramitación sin menoscabar los objetivos de conservación.
Los beneficios de este nuevo enfoque son múltiples:
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Mayor agilidad administrativa en las tramitaciones de concentración parcelaria.
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Reducción de conflictos entre usos agrarios y ambientales.
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Incremento de la seguridad jurídica para los propietarios y promotores.
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Mejor planificación territorial, teniendo en cuenta corredores ecológicos, zonas de especial protección y valores paisajísticos.
Beneficios medidos: más competitividad, más sostenibilidad
Los resultados de las concentraciones parcelarias realizadas en Castilla y León en los últimos años son elocuentes. En las zonas donde se ha ejecutado el proceso, se ha registrado:
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Un ahorro en combustible de entre el 25 % y el 30 %, gracias a una distribución más eficiente de las parcelas.
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Una reducción del 45 % en distancias recorridas por los agricultores.
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Un incremento del 40 % en la participación de jóvenes agricultores respecto a zonas no concentradas.
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Un aumento del 36 % en inversiones de modernización de explotaciones.
En términos medioambientales, las mejoras también son notables. La concentración parcelaria bien planificada permite una reducción del 25 % al 30 % en emisiones de CO₂, debido a la mejor gestión de maquinaria, disminución de desplazamientos y optimización de recursos.
Objetivos de legislatura: 150.000 hectáreas nuevas y modernización de infraestructuras
La Junta de Castilla y León ha hecho de la concentración parcelaria una prioridad estratégica para la presente legislatura. El compromiso gubernamental incluye:
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Iniciar la concentración parcelaria en 150.000 hectáreas nuevas.
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Ejecutar obras de infraestructura rural (caminos, desagües, accesos) en otras 150.000 hectáreas ya concentradas.
A fecha de hoy, el primer objetivo ya está cumplido al 95 %, y el segundo avanza con un cumplimiento del 52 %, lo que refleja el impulso decidido de la Administración para reorganizar el territorio agrario de manera eficiente.
Castilla y León: líder en superficie concentrable y experiencia técnica
Con una superficie total de 9,4 millones de hectáreas, Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor capacidad de actuación en concentración parcelaria. De ese total, 5,7 millones de hectáreas son técnicamente concentrables, y ya se ha completado el proceso en casi 4,3 millones. Actualmente, se trabaja en 120 zonas distintas, que afectan a más de 335.000 hectáreas y a casi 81.000 propietarios.
Este volumen de actividad convierte a la Comunidad en un referente nacional, tanto por superficie transformada como por capacidad técnica y experiencia acumulada en este tipo de procesos.
Protección del dominio público pecuario y del monte: una prioridad compartida
La articulación de la concentración parcelaria con la protección de vías pecuarias y montes públicos representa un modelo de equilibrio entre productividad y sostenibilidad. Se trata de garantizar que la mejora de las explotaciones no comprometa los valores ecológicos, culturales y sociales de estos espacios.
En este sentido, el nuevo protocolo de trabajo permitirá:
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Mejorar la identificación cartográfica y jurídica de los elementos del dominio público.
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Incluir criterios ambientales desde el inicio de cada expediente.
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Fortalecer la formación técnica interdisciplinar, como demuestra la jornada del 10 de junio.
Conclusión: una estrategia integrada para el medio rural
La experiencia de Castilla y León demuestra que es posible combinar reorganización productiva del suelo agrario con protección efectiva del medio ambiente. El éxito de esta iniciativa depende de la coordinación institucional, la formación de los técnicos y la implicación de los agricultores en un modelo de desarrollo territorial más racional, competitivo y sostenible.
Fuente: AgronewsCyL
