Los regantes amenazan con ir a la vía judicial porque «no vamos a pagar los errores de otros»
La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo acusa a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de «cambiar las reglas del juego a mitad de la partida» al tratar de que los agricultores asuman el coste de la energía y del mantenimiento de la elevación de Villalobar. El presidente de la agrupación, Herminio Medina, ha asegurado que, con esta medida, «la CHD y El Tear (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León) condenan al Páramo Bajo a la ruina».
De esta forma, retoman su ofensiva contra las medidas de la confederación y aseguran que interpondrán un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y que acudirán, si es necesario, a la vía judicial. «No vamos a permitir que los agricultores paguen los errores de otros», asegura Medina en un comunicado. En este sentido, manifiestan que defenderán su postura «con absoluta determinación» y «hasta las últimas consecuencias».
Los encuentros
De momento, han convocado asambleas informativas «para explicar a los regantes y propietarios afectados el alcalce y las consecuencias que esta situación puede tener sobre la continuidad de la actividad agararia y de la propia comunidad de regantes», lo que supondría también un importante impacto «en el futuro socioeconómico de la comarca». La primera de ellas se celebará este jueves en la casa de cultura de Laguna de Negrillos a las 11.00 horas y después, a las 17.00, tendrá lugar otro encuentro en el pabellón de deportes de Roperuelos del Páramo.
La comunidad que aglutina a los regantes del Páramo Bajo en León y Zamora quiere «que se respete un compromiso histórico que permitió el nacimiento y desarrollo del regadío en 37 pueblos y que ha sostenido durante décadas la economía de toda una comarca». Del quebrantamiento de este acuerdo acusan a la CHD y al Tear y argumentan que «es inadmisible que la responsabilidad recaiga sobre los regantes cuando el exceso se debe a la mala gestión de quien gestiona». Se refieren de esta forma a la petición del organismo de que la comunidad de regantes asuma el coste eléctrico del salto de Villalobar. Un extremo que, para ellos, «contradice el compromiso asumido hace más de 28 años por el Gobierno de España como parte de la alternativa a la construcción del pantano de las Omañas».
Responden a la exigencia con que «el Páramo Bajo no pide privilegios, pero sí que se respeten los compromisos» que hicieron posible su existencia, así como «que no se condene al territorio a asumir un coste que nunca le correspondió».
Meses de encontronazo entre los regantes y la CHD para decidir quién paga los gastos
La defensa del regadío no es solo una cuestión económica, es la defensa de la vida en los pueblos, del empleo agrario y del futuro de una comarca entera». Así explica Herminio Medina, presidente de la junta de gobierno de la Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, la postura de los regantes ante la intención de la CHD de repercutir el coste de la subida de agua del salto de Villalobar. El organismo, por su parte, atribuye la subida al Páramo Bajo a «homogeneizar» criterios entre regantes.
El encontronazo suma ya meses sin que, hasta el momento, haya habido una postura más cercana entre las partes. Los antecedentes el Canal del Páramo Bajo recuerda que «en 1995, el entonces presidente de la CHD, José María de la Guía, estableció formalmente mediante resolución expresa que los agricultores no asumirían los costes de la energía y del mantenimiento de la elevación de Villalobar». Alegan que fue la CHD la que se comprometió a cubrir esos gastos con los ingresos procedentes de la explotación del Salto Hidroeléctrico de Sahechores.
Aseguran que ese acuerdo fue la base sobre la que se creó y organizó la comunidad de regantes y que «no era un favor, sino la condición indispensable que permitió sustituir el fallido proyecto del pantano de Las Omañas y garantizar así el agua suficiente para transformar el territorio». Al hilo de esto, argumentan que los regantes no quisieron en principio la elevación, «pero se nos presentó como ‘eso o nada’ y nos vimos obligados a aceptarla». Explican también que, si en ese momento, se les hubiera exigido pagar las dos elevaciones, «nunca habríamos constityuido la comunidad y mucho menos se hubieran quedado los jóvenes en el campo y se habríia modernizado el riego» y califican de «más que una coincidencia» que al terminar la modernización de las 24.200 hectáreas «con un endeudamiento de más de 40 millones de euros para la modernización, sea cuando nos aplican este desastre económico». Estas posturas encontradas han sumado a ayuntamientos y sindicatos agrarios, que se han posicionado con los regantes.
Fuente: Diario de León
