Le llamemos emergencia climática, calentamiento global o cambio climático, es un hecho evidente que asistimos a cambios drásticos en el clima, que tienen efectos tangibles en nuestra vida diaria. Son cambios que ponen en riesgo el acceso a los recursos básicos (por ejemplo, agua) y hacen más vulnerables nuestros espacios tanto rurales (incendios forestales, granizo, heladas…), como urbanos (inundaciones, nevadas…).
Sin embargo, no es tarea fácil buscar soluciones a un problema tan complejo y con tantos factores interrelacionados como éste. Ello, explica que se hable de ‘cuestión climática’, queriendo significar con ello que sea un tema objeto de debate y forme parte de la agenda social y política de nuestros días. No obstante, en la comunidad científica hay ya un amplio consenso sobre los factores causales, atribuyéndolos al exceso de emisiones de óxido de carbono y metano, gases que producen el llamado ‘efecto invernadero’ (gases GEI). Asimismo, se sabe que esas emisiones están asociadas, en gran medida, al actual modelo de desarrollo económico, basado en el consumo ilimitado de bienes y servicios y de altas dosis de energía procedente de combustibles fósiles.
El reconocimiento de este problema no es de ahora, sino que ya en 1994 la ONU promovió la ‘Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático’ (CMNUCC), celebrándose, desde entonces, 29 COP (conferencias de las partes), la última en Bakú en 2024. De esas COP se deduce la complejidad de avanzar en la ‘mitigación’ de las emisiones GEI, dadas las dificultades de aplicar a nivel de cada país los grandes acuerdos internacionales. Por eso, los poderes públicos (en sus distintos niveles administrativos) y los diversos actores de la sociedad civil (empresas, ciudadanía, sindicatos, comunidad educativa, medios de comunicación…) toman iniciativas para ‘adaptarse’ a los cambios en el clima.
Ambos principios (mitigación y adaptación) se complementan, cada uno a su ritmo y con su propia lógica, interactuando para afrontar el desafío climático de nuestro tiempo.
La agricultura: causa, víctima y solución
La agricultura es uno de los sectores más afectados por este problema, debido a su natural dependencia de las condiciones climatológicas. La errática alternancia de largos periodos de sequía, elevadas temperaturas y lluvias torrenciales acompañadas de granizo, tiene una evidente incidencia en el resultado de la actividad agraria, a lo que se añade el efecto directo o indirecto de los incendios forestales. Por ello, los agricultores son los primeros interesados en la solución de estos problemas, no existiendo en ellos el menor atisbo de negacionismo climático.
No obstante, la agricultura es también uno de los causantes directos de las emisiones GEI (sobre todo, de metano en la ganadería), aunque en mucha menor medida que el sector industrial. Además, y de forma indirecta, el alto consumo de fertilizantes de síntesis, para cuya producción se necesitan elevadas dosis de combustibles fósiles (gas natural y petróleo), también contribuye a agravar el problema del calentamiento global.
Pero al mismo tiempo, la agricultura es un sector clave en la solución, gracias a la función de captura de CO2 que realizan las plantas en la fotosíntesis. Por eso, la agricultura es, a la vez, víctima, causa y solución de los cambios en el clima, convergiendo en ella tanto el principio de mitigación, como el de adaptación.
El Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo (con sus dos estrategias ‘De la granja a la mesa’ y ‘Biodiversidad’) es el documento donde la UE fija sus objetivos para contribuir no sólo a la mitigación del cambio climático, sino también a la restauración de la biodiversidad y la recuperación de los ecosistemas. Ese documento impregna las políticas europeas, entre ellas la PAC, y por eso tiene implicaciones directas sobre el sector agrario.
El objetivo que plantea el citado Pacto de reducir el consumo de fertilizantes y pesticidas afecta, sin duda, a la producción agraria. Por su parte, el programa de los eco-regímenes de la actual PAC (inspirados en el Pacto Verde) es un conjunto de medidas proactivas destinadas a inducir cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas hacia modelos de mayor sostenibilidad ambiental y de mayor equilibrio entre emisión y captura de carbono. Todas esas medidas se acompañan de un aumento de los controles administrativos, lo que genera reacciones de rechazo por parte del sector, que los ve como una carga burocrática excesiva.
Los agricultores no se oponen a las medidas ambientales, ya que las consideran necesarias, pero exigen que se apliquen de forma gradual ofreciendo alternativas y dándoles compensaciones económicas. Además, reclaman que esos controles afecten también a los productos que proceden de terceros países. Estas son algunas de las reivindicaciones incluidas en las diversas protestas agrícolas.
La adaptación de los agricultores al cambio climático
Una cooperación necesaria
