ASAJA acusa al Gobierno y a la Junta de Castilla y León de inacción y exige medidas urgentes para salvar a miles de agricultores.
El sector cerealista de Castilla y León y, por extensión, de toda España atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Ávila, Segovia y Valladolid ha denunciado públicamente la “pasividad inaceptable” tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ante la entrada masiva de cereal ucraniano, que según la organización está hundiendo los precios en origen y llevando a miles de explotaciones familiares a la ruina.
El comunicado difundido por la organización agraria alerta de que España se ha convertido en el principal receptor de grano procedente de Ucrania en la Unión Europea. Solo en 2024, el volumen importado superó los 10 millones de toneladas, tras la eliminación de aranceles aprobada por Bruselas como medida de apoyo al país en guerra. Esta decisión, que en su momento se planteó como una excepción temporal, ha generado —según ASAJA— un efecto devastador para los agricultores españoles: precios desplomados, puertos saturados y ausencia de mecanismos de control que garanticen condiciones de competencia leal.
La organización recuerda que en 2023 la Comisión Europea tuvo que activar un paquete de ayudas extraordinarias para países como Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, que fueron los primeros en denunciar el impacto negativo del grano ucraniano en sus mercados. Aquellos Estados recibieron compensaciones y pudieron implementar restricciones temporales de entrada, mientras que en España no se ha adoptado ninguna medida similar.
“Que esos países recibieran ayudas y medidas excepcionales es el precedente que ahora exigimos para España”, reclama ASAJA, que recuerda además que algunos gobiernos, como los de Polonia y Hungría, tomaron decisiones unilaterales para proteger a sus agricultores, demostrando que “cuando hay voluntad política, hay respuesta”.
El cereal español
Más allá del volumen importado, la organización agraria subraya que el cereal ucraniano no cumple con los mismos estándares de producción exigidos en la Unión Europea. “No podemos tolerar la entrada masiva de cereal producido bajo marcos de exigencia fitosanitaria, ambiental y laboral mucho más laxos que los impuestos a nuestros agricultores europeos”, advierte.
En su opinión, esta situación configura un escenario de competencia desleal en el que el producto nacional se ve devaluado y las explotaciones españolas pierden viabilidad económica. ASAJA acusa al Gobierno de abrir de par en par las fronteras “sin asegurar condiciones equitativas” y de dejar morir a un sector estratégico.
En su comunicado, ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid plantea un paquete de medidas concretas y urgentes:
-
Controles férreos en frontera. Reclaman reforzar los servicios de inspección de sanidad vegetal para garantizar que el cereal importado cumple con las mismas condiciones que el nacional.
-
Aplicación estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria. Piden sancionar con contundencia las ventas a pérdidas, que se han convertido en una práctica habitual en el mercado.
-
Ayudas directas al cereal español. Exigen un expediente similar al que Bruselas autorizó en 2023 para países del este, con el fin de compensar la distorsión provocada por las importaciones excepcionales.
-
Convocatoria urgente de una mesa de crisis. Proponen reunir a organizaciones agrarias, cooperativas, industria, comunidades autónomas y Administración General del Estado para diseñar medidas de estabilización de precios, almacenamiento y valorización del cereal nacional.
La asociación agraria insiste en que no son reclamaciones retóricas, sino peticiones imprescindibles para evitar “la desaparición de un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la conservación del territorio y el tejido socioeconómico rural”.
El comunicado describe una situación límite en el campo de Castilla y León. Según ASAJA, muchos agricultores se plantean no sembrar la próxima campaña porque las cuentas no salen. “El campo está parado y las máquinas no se mueven”, aseguran, advirtiendo de que, de continuar así, el abandono de explotaciones será masivo.
La organización avisa de que pedirá expresamente a los agricultores que no siembren si en las próximas semanas no se adoptan medidas contundentes. Este llamamiento supone una escalada en el tono de la protesta y evidencia el nivel de desesperación que vive el sector.
ASAJA acusa directamente al MAPA y a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León de “negligencia política” al no haber actuado ni en los puertos ni en los mercados interiores. La organización considera que la falta de respuesta multiplica la dependencia exterior de España, acelera el abandono del campo y compromete la soberanía alimentaria del país.
“No se trata solo de un problema económico”, advierten. “La pasividad actual pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional y la supervivencia del medio rural, que es esencial para la cohesión territorial y social”.
El mensaje de ASAJA es inequívoco: o se protege y compensa al cereal español con las mismas herramientas que ya se han aplicado en otros Estados miembros, o las consecuencias serán irreversibles. Los agricultores sienten que están solos frente a un mercado internacional distorsionado y que ni el Gobierno central ni las autoridades autonómicas están a la altura de la crisis.
La organización agraria subraya que no busca parches tardíos ni discursos vacíos, sino medidas inmediatas que permitan recuperar la confianza de los agricultores y garantizar un futuro sostenible para el sector.
El debate sobre las importaciones de cereal ucraniano no es nuevo en Europa. Desde que Bruselas eliminó los aranceles para apoyar al país tras la invasión rusa, varios Estados miembros han denunciado los efectos negativos en sus mercados. La Comisión Europea ha tratado de equilibrar el apoyo a Kiev con la protección de los agricultores europeos, pero el caso español demuestra, según ASAJA, que las medidas han sido insuficientes y desiguales.
De no adoptarse cambios en el corto plazo, los expertos temen una oleada de abandono en las explotaciones cerealistas españolas, especialmente en regiones como Castilla y León, donde el cereal es un pilar económico y social. La ausencia de rentabilidad haría inviable la continuidad de miles de familias y dejaría al país más dependiente de las importaciones, justo lo contrario de lo que recomiendan los principios de seguridad alimentaria.
La denuncia de ASAJA no es solo un comunicado sectorial: es un grito de alarma sobre la fragilidad del sistema agrícola español en un contexto de globalización y crisis geopolítica. La avalancha de cereal ucraniano, producida con normas más laxas y vendida a precios que los agricultores españoles no pueden igualar, ha puesto en evidencia la falta de respuesta política en España frente a lo que ya se consideraba un problema grave en Europa del Este.
La inacción de las autoridades, según la organización, puede tener consecuencias irreversibles: pérdida de soberanía alimentaria, abandono del campo y debilitamiento del tejido socioeconómico rural. Frente a ello, los agricultores reclaman medidas inmediatas y estructurales que garanticen igualdad de condiciones y un futuro digno para el cereal español.
Con las máquinas paradas y la campaña en riesgo de no sembrarse, el sector espera una reacción rápida y contundente. “Exigimos respuestas ahora, no parches tardíos ni discursos vacíos”, concluye ASAJA.
Fuente: AgronewsCyL
